Alcaldes de los municipios transfronterizos del Miño lamentan que se cometa «el mismo error» que en la primera ola

Atasco en el paso de Tui-Valença.

Defienden que el cierre fijado entre los gobiernos de España y Portugal sólo penaliza a los trabajadores, que siguen cruzando en igual número la frontera, y demandan que se vuelvan a abrir todos los pasos

Varios alcaldes de municipios transfronterizos de la provincia de Pontevedra y la región del Alto Miño se han concentrado hoy en el paso fronterizo del puente ‘viejo’ que une Tui y Valença para manifestar su rechazo por el cierre de la mayoría de pasos entre ambos territorios. En este marco, los regidores han lamentado que los gobiernos luso y español cometan «exactamente el mismo error» que durante el primer estado de alarma.

Así, el vicedirector de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño, Uxío Benítez, ha trasladado el malestar de los alcaldes de estos 26 municipios -16 de ellos gallegos y otros 10 portugueses-, donde residen alrededor de 400.000 personas. No en vano, y como ha recordado, los diferentes puentes de esta región que comunican ambos países aglutinan más de la mitad del tráfico rodado entre España y Portugal.

En este sentido, Benítez ha destacado que con un único paso abierto -el de Tui-Valença-, los trabajadores se ven obligados a dar rodeos de kilométricos. Para solucionarlo, expone, bastaría con «poner patrullas de Guardia Civil».

Benítez ha subrayado que no se oponen a que haya controles sanitarios, pero ha pedido que se reconsidere la decisión adoptada, advirtiendo que, en caso de no hacerse, continuarán las movilizaciones.

En la misma línea, el presidente de la Cámara Municipal de Valença, Manuel Rodrígues, ha defendido que el cierre de fronteras es una medida «simbólica», ya que continúan pasando el mismo número de personas de un lado a otro por motivos laborales, siendo los finalmente penalizados

Un argumento empleado también por el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, que ha resaltado que el cierre «penaliza a los trabajadores, empresas y a la actividad comercial, ya duramente castigada».