Los nacionalistas denuncian irregularidades en la cobertura de vacantes y reclaman al Concello que fiscalice a la concesionaria, un servicio adjudicado por cerca de 70 millones para los próximos cinco años
El BNG de Vigo ha reclamado al Gobierno municipal que investigue los presuntos incumplimientos laborales denunciados en la concesionaria del mantenimiento de zonas verdes y que estudie la imposición de sanciones si se confirman las irregularidades.
El portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha trasladado esta petición después de mantener una reunión con representantes sindicales del servicio. Según la denuncia realizada por el BNG, la UTE Acciona-Mantén, participada por Civis Global, estaría realizando contrataciones para cubrir nuevas vacantes sin respetar las listas acordadas.
Los nacionalistas sostienen además que el personal contratado a tiempo parcial en turno de tarde estaría siendo apartado del acceso a plazas indefinidas pese a existir, según Igrexas, un acuerdo alcanzado en mediación laboral.
El BNG pone el foco en el papel del Concello
El grupo municipal considera que el Concello no puede permanecer al margen de estas denuncias al ser el titular del servicio. Igrexas invoca los artículos 201 y 211 de la Ley de Contratos del Sector Público para defender la obligación de la Administración de velar por el cumplimiento de las condiciones laborales durante la ejecución de los contratos públicos.
Por ello, el BNG reclama una investigación municipal y que, si se acreditan incumplimientos, se estudie la aplicación de sanciones a la concesionaria e incluso la resolución del contrato en caso de que concurriesen motivos suficientes para ello.
La formación recuerda que el mantenimiento de las zonas verdes de Vigo acaba de ser objeto de una nueva licitación próxima a los 70 millones de euros para los próximos cinco años, un contrato en el que el Gobierno municipal había destacado mejoras relacionadas con las condiciones de la plantilla.
Advertencia sobre otras posibles irregularidades
El BNG asegura además disponer de información sobre otros posibles problemas en la gestión de la concesión. Igrexas habla de «aspectos muy oscuros e irregularidades» que, en caso de confirmarse, podrían constituir ilegalidades.
La formación anuncia por ello una fiscalización de la gestión de la UTE y avanzó que solicitará documentación e información a los servicios municipales para analizar esas cuestiones.
Estas últimas acusaciones se encuentran, por el momento, en fase de comprobación por parte del propio grupo municipal, que no ha concretado públicamente cuáles serían esas presuntas irregularidades adicionales.