El Concello defiende que autoriza “decenas de eventos” cada mes y rechaza las críticas del BNG

El Gobierno local responde que la documentación exigida es la prevista en la ley gallega de espectáculos públicos

El Ejecutivo vigués acusa a los nacionalistas de cuestionar el trabajo de los técnicos municipales

El Gobierno local de Vigo respondió este martes a las declaraciones del BNG sobre la tramitación de autorizaciones para eventos públicos en la ciudad y defendió que la documentación exigida por el Concello es la que recoge la Ley 10/2017, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia.

Desde el Concello recuerdan que esta normativa autonómica establece el régimen de declaración responsable para este tipo de actividades y señalan que tanto las administraciones públicas como las empresas privadas deben conocer y cumplir los requisitos legales, sin perjuicio de las competencias municipales de comprobación, control y vigilancia.

El Ejecutivo vigués rechazó las críticas del portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, y sostuvo que el departamento municipal de Seguridad autoriza mensualmente “decenas de eventos” que se desarrollan en la ciudad.

Como ejemplo, el Gobierno local citó autorizaciones recientes para las fiestas de Coia, Cabral, Bembrive, Alcabre y Bouzas, así como la Festa da Cultura, el Rally Rías Baixas, el Festival Interfolk, Galicia Fest, Vigo Sea Fest, las Festas do Carmen no Vao, O Marisquiño o los espectáculos pirotécnicos celebrados durante el mes.

El Concello también incluye entre los eventos autorizados la pantalla instalada por la Deputación, “una vez que cumplió los requisitos legales”.

El Gobierno municipal sostiene que las entidades o instituciones que cumplen la normativa reciben autorización y pueden celebrar sus actividades con normalidad. En este sentido, defiende que Vigo mantiene una intensa actividad cultural y de ocio que, según el Ejecutivo local, se desarrolla cumpliendo la ley.

Desde el Concello acusan al BNG de poner en duda el trabajo de los técnicos municipales al hablar de “acoso administrativo”. El Gobierno local subraya que las resoluciones se adoptan por funcionarios municipales con criterio técnico y respeto a la normativa vigente.

“El BNG falta al respeto a los trabajadores municipales”, señalan desde el Ejecutivo vigués, que afirma que no tolerará “faltas de respeto” hacia los empleados públicos.