“El trágico incendio ocurrido en la calle Alfonso X pone de manifiesto la necesidad urgente de este plan”, destaca Isabel Flores, coordinadora de Amnistía Internacional en la ciudad
Amnistía Internacional ha reclamado hoy un plan plurianual que garantice el incremento progresivo del parque mínimo de vivienda destinado la políticas sociales, incluido el alquiler social, y un calendario para alcanzar el estándar europeo del 15% de vivienda social del parque municipal de viviendas en Vigo.
“El trágico incendio ocurrido en la calle Alfonso X en la madrugada del pasado miércoles 11 de octubre en el que fallecieron cuatro personas, tres de ellas menores, y otras nueve fueron hospitalizadas, pone de manifiesto la necesidad urgente de este plan”, destaca Isabel Flores, coordinadora de Amnistía Internacional en Vigo.
Amnistía Internacional ha remitido una carta a Xunta y Concello en las que indica que “como señalaron diversas asociaciones locales que trabajan en el campo de la vivienda, el grito de una de las vecinas afectadas en el que se preguntaba ‘¿dónde está la vivienda social que necesitamos todos?’ señala directamente el fondo del problema relacionado con este suceso”.
«La vivienda es un derecho humano y debe ser alcanzable, no es un bien inversión o un producto de lujo», subraya la organización, para quien «la vivienda social es clave para garantizar el acceso a la vivienda cuando las condiciones del mercado inmobiliario son un obstáculo insalvable para muchas personas en situación de vulnerabilidad».
En España tan sólo el 2,5 % de las viviendas son sociales, 6,5 puntos menos que la media de la UE. Mientras, en Vigo, el precio medio del alquiler está en 590 euros, cifra que se puede duplicar en las zonas más demandadas, según cifras del Observatorio de la Vivienda en Galicia, dependiente de la Xunta, aunque otras fuentes hablan de un alquiler medio de 866 euros al mes con datos del pasado febrero.
Por ello, AI ha propuesto en sus cartas a Ayuntamiento y Xunta una serie de medidas, como establecer un registro adecuado de viviendas disponibles evitando el crecimiento de viviendas vacías; a aplicar el control de precios en las zonas «tensionadas» previsto en la Ley estatal de Vivienda para frenar la especulación y los abusos.
Además, propone, entre otras medidas, garantizar que ningún desahucio deja a nadie en la calle, incorporar la perspectiva de género en las políticas municipales de vivienda y garantizar la no discriminación.