La acusada solicitaba un «contrato de suscripción a las ofertas de alquiler» que oscilaba entre 80 y 150 euros, y una vez cobrado argumentaba que el inmueble ya no estaba disponible, llegando a ofrecer falsas hojas de reclamaciones a los clientes
El juzgado de instrucción número 4 de Vigo acoge esta semana un juicio en el que el Ministerio Fiscal solicita tres años de cárcel para un mujer por un delito de estafa. La acusada, según indica la Fiscalía, se hizo con más de 23.000 euros de diferentes personas empleando para ello anuncios falsos de alquiler de viviendas en la ciudad.
Los hechos, expone el Ministerio Público en su escrito de acusación, tuvieron lugar entre entre 2013 y 2017. En esta época, la mujer, empleando distintos nombres comerciales, pero siempre desde la sede de la inmobiliaria situada en Vigo, utilizó anuncios «señuelo» de pisos en alquiler publicitados tanto en páginas generalistas de internet como en en un dossier de la propia oficina.
Estas viviendas, cuando eran anunciadas, ya no estaban en alquiler, o no lo estuvieron nunca, o directamente no existían, llegando incluso a emplearse fotografías distintas a las de los propios pisos anunciados.
Sobre estos anuncios, aquellos interesados que quisiesen realizar una visita al inmueble debían abonar un precio correspondiente al «contrato de suscripción a las ofertas de alquiler». El coste ascendía a 80 euros en 2013, siendo de 150 entre el 2014 y el 2017.
Con el contrato, la empresa se comprometía a facilitar más información sobre el piso en cuestión y sobre otras propiedades. No obstante, una vez abonado el coste, se le decía al cliente que, por diversos motivos, la vivienda ya no estaba disponible Y para mantener la trama, se le facilitaban también falsas hojas de reclamaciones, e incluso una hoja de «demanda de reembolso de la suscripción» que se dirigía a un «Servicio de Consumidores» radicado en Barcelona, entidad que tampoco existe.
En total, entre entre 2013 y 2017 la acusada llegó a estafar 23.060 euros a 154 personas diferentes, motivo por el que la Fiscalía la acusa de un delito continuado de estafa, con afectación de un elevado número de personas. Así, solicita para la acusada tres años de cárcel, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; y nueve meses de multa con una cuota diaria de diez euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.