La Xunta alerta sobre los riesgos del traslado de la Escuela Infantil Santa Marta al Picacho en plena pandemia

La delegada autonómica en Vigo, Marta Fernández-Tapias, lamenta que el alcalde suprima «un servicio tan importante sin ningún tipo de planificación» y pretenda «que sea la Xunta la que solucione su negligencia»

Después de que la CIG y Foanpas alertasen de la intención del Gobierno municipal de Vigo de derruir la Escuela Infantil Municipal Santa Marta para trasladarla al Picacho, y de que el alcalde Abel Caballero afirmase que dicho traslado era «temporal» y por motivos de seguridad ante el desarrollo urbanístico del Barrio del Cura, la Xunta, tercera parte implicada como titular de la gestión del Picacho, se ha pronunciado sobre el asunto.

Y lo ha hecho, entre otras cuestiones, para alertar sobre los riesgos que puede suponer este traslado en plena pandemia, con las necesidades que todos los centros educativos tienen de disponer de espacio para garantizar las medidas de seguridad.

«El alcalde suprime un servicio tan importante como un escuela infantil municipal sin ningún tipo de planificación y pretende que sea la Xunta la que solucione su negligencia», ha lamentado la delegada autonómica en Vigo, Marta Fernández-Tapias.

En este marco, la Xunta subraya que, a la espera del informe definitivo de Inspección Educativa y del pronunciamiento del Consello Escolar y del claustro de profesores, el colegio «no puede asumir las pretensiones del alcalde, especialmente en medio de una pandemia en la que se deben cumplir una serie de protocolos sanitarios».

La Escuela Infantil Municipal Santa Marta cuenta con 145 plazas y 11 profesores. Las obras del Barrio del Cura obligan a su traslado, hasta la construcción de una nueva, plazo temporal que el propio Caballero fijaba ayer en un par de año si todo avanza según lo previsto. La intención del Ayuntamiento es que los menores matriculados -se ha suprimido ya la matriculación de nuevo ingreso- sean acomodados en el CEIP Ramón y Cajal, conocido como ‘Picacho’, al ser un edificio de titularidad municipal.

No obstante, la gestión educativa es competencia autonómica, y el gobierno gallego no acaba de ver claro cómo cumplir los protocolos sanitarios en este centro si han de asumirse más de 150 personas nuevas que acudirían al complejo cada jornada.